El Consejo Federal de Educación aprobó la propuesta nacional para intensificar la presencialidad

Por Editor 21







El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, encabezó la 109° asamblea del Consejo Federal de Educación con la presencia de las ministras y los ministros de las 24 jurisdicciones, en la cual se aprobaron por mayoría los cambios en el protocolo para las escuelas, con el objetivo de intensificar la presencialidad a partir del 1 de septiembre.

Al concluir el encuentro, el titular de la cartera educativa aseguró: “El paso que hemos dado hoy es muy importante porque nos permite intensificar la presencialidad en nuestro sistema educativo. Tenemos la responsabilidad de garantizar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa. Hoy consideramos que se puede avanzar de manera segura y proponemos este paso porque contamos con el aval de las y los especialistas del campo sanitario y epidemiológico, luego de trece semanas de mejora de los indicadores. Estos cambios se aplicarán manteniendo y, en algunos casos, incrementando las medidas de cuidado ya que la pandemia aún no ha terminado”.

Por su parte, el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Diego Golombek, expresó: “Debemos ser muy conscientes y tratar de sostener el distanciamiento máximo con todas las medidas que sean necesarias, que las excepciones sean realmente excepciones, y en esos casos intensificar de manera obligatoria al resto de las medidas de cuidado como los testeos, el uso de barbijos, la ventilación cruzada permanente, la utilización de medidores de CO2; el control de las condiciones sanitarias de la localidad, entre otras”.

Las modificaciones propuestas responden a la mejora de los indicadores epidemiológicos de las últimas 13 semanas, junto al avance en el proceso de vacunación y el aumento de las temperaturas en el territorio argentino, lo cual ofrece una posibilidad de dar paso a nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia en las aulas.

En la Asamblea fueron presentadas las sugerencias de las diferentes jurisdicciones educativas y de las instituciones sanitarias. La confección del protocolo surge de la firme convicción de que es necesario intensificar la presencialidad escolar sin renunciar al cuidado de la salud. Se debe enfatizar que la flexibilización del distanciamiento físico se dará siempre y cuando se incrementen aún más el resto de las medidas, las cuales son condiciones mínimas, sobre las cuales cada jurisdicción podrá adicionar otras medidas que considere convenientes:

Condición óptima: En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo un distanciamiento físico de 1.5 m entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurando el uso de mascarillas y la higiene de manos. Para mantener esta distancia es necesario aprovechar al máximo el mobiliario escolar en toda su extensión.

Condición admisible: Solo en el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 m para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 m entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 m en los espacios comunes y con el cuerpo docente. En este caso, aumenta el requisito de ventilación, no solamente manteniendo abiertas ventanas y puertas, sino incrementando el tiempo de ventilación entre clases.

Excepciones: Solo para los casos en los que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0.90m entre estudiantes y permitir una presencialidad plena bajo esta condición, se podrá mantener una distancia mínima de 0,50 m. Las excepciones podrán aplicarse en contextos de bajo y medio riesgo epidemiológico y con adecuada cobertura de vacunación en la población general. En el caso de que el riesgo epidemiológico pase a ser alto, no se podrán establecer estas excepciones.

Del mismo modo, estas excepciones deberán ser acompañadas de las siguientes medidas obligatorias: Mantener e incrementar el resto de las medidas de prevención; la distancia mínima entre estudiantes será de 0.50 m; la distancia entre estudiantes y docentes, así como entre docentes, se mantendrá en 2 m; el distanciamiento en zonas de uso común, no podrá ser menor a los 2 m. Asimismo, se deben agregar estrategias preventivas adicionales que incluyen: la realización de testeos en aquellas secciones escolares que estén contempladas por estas medidas excepcionales de distanciamiento; uso de doble o triple barbijo; asegurar que la superficie mínima por estudiante en el aula sea de 1 m2; la utilización de medidores de CO2 y la obligación de informar al Ministerio de Educación de la Nación los CUEs de las instituciones que son afectadas a estas condiciones excepcionales.

En cuanto a los testeos, podrán consistir en pruebas de presencia de antígenos correspondientes al virus SARS-CoV-2. El tipo de muestreo (censal, aleatorio, por muestra predeterminada, etc.) será determinado por cada jurisdicción, y deberá realizarse con una frecuencia semanal. En el caso de detectar los antígenos correspondientes se procederá a suspender las clases presenciales en la cohorte que los haya presentado, procediendo al aislamiento preventivo de estudiantes y docentes que hayan estado en contacto estrecho de aquellos que presenten resultados positivos.

Por último, todo lo que se refiere al uso de medidores de CO2, su implementación y recomendaciones se encuentran detallados en la guía presentada como Anexo de la resolución CFE 398/21.

La asamblea contó con la participación del secretario General del Consejo Federal de Educación, Mario Oporto; la secretaria de Educación, Marisa Díaz; el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Pablo Gentili; el director Ejecutivo del INET, Diego Golombek y la subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad, Verónica Piovani.

También estuvieron presentes de manera virtual las ministras y ministros de Educación de las 24 jurisdicciones: María Agustina Vila, directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires; Brenda Hidalgo, subsecretaria del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Catamarca; Soledad Acuña, ministra de Educación e Innovación Tecnológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Daniela Torrente, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco; María Florencia Perata, ministra de Educación de Chubut; Walter Grahovac, ministro de Educación de Córdoba; Susana Benitez, ministra de Educación y Cultura de Corrientes; Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos; Isolda Calsina, ministra de Educación de Jujuy; Pablo Daniel Maccione, ministro de Cultura y Educación de La Pampa; Ariel Martínez, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de La Rioja; José Manuel Thomas, director General de Escuelas de Mendoza; Miguel Sedoff, ministro de Cultura y Educación de Misiones; Cristina Storioni, ministra de Educación de Neuquén; María de las Mercedes Jara Tracchia, ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro; Matías Cánepa, ministro de Educación de Salta; Felipe de los Ríos, ministro de Educación de San Juan; Pablo Andrés Dermechkoff, ministro de Educación de San Luis; María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz; Juan Manuel Pusineri, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe -en representación de Adriana Cantero Llanes, ministra de Educación de la provincia que participó de manera virtual-; Mariela Nassif, ministra de Educación de Santiago del Estero; Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego; y Isabel Amate Pérez, secretaria de Gestión Educativa de Tucumán.

Además, por parte de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Cristina Valverde, presidente de la Comisión, y por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna, presidente de la misma. También participaron Rodolfo Tecchi en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rodolfo de Vincenzi del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP); y los representantes de los cinco sindicatos docentes: Sonia Aleso (CTERA), Roberto Baradel (CTERA), Noemí Tejeda (CTERA), Mariana Jaureguiberry (SADOP), Norberto Cabanas (UDA), Ernesto Cepeda (AMET) y José Gea (CEA).





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