Después de un prolongado y doloroso proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo histórico en relación con uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Argentina: la Masacre de Ramallo. En esta resolución, se ordena a la provincia de Buenos Aires indemnizar con más de 400 millones de pesos más intereses a Flora Beatriz Lacave, viuda del gerente de la sucursal Ramallo del Banco Nación, Carlos Chaves, quien perdió la vida durante un intento de asalto con toma de rehenes ocurrido en 1999.
El fallo de la Corte, que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y la conjueza Rocío Alcalá, establece un resarcimiento de 407.082.000 pesos, más intereses a computar desde el año 2005.
La Masacre de Ramallo, como se conoció este trágico suceso, tuvo lugar el 17 de septiembre de 1999, cuando tres asaltantes tomaron rehenes en la sucursal del Banco de la Nación de Villa Ramallo. Después de una prolongada negociación, dos de los asaltantes lograron salir de la entidad con tres rehenes, incluido Carlos Chaves.
La situación desencadenó un tiroteo en el que murieron un ladrón y dos rehenes, incluido Chaves, mientras que Flora Lacave resultó gravemente herida pero logró sobrevivir, enfrentando así las secuelas físicas y emocionales de aquel fatídico día.
Después de años de juicio y lucha por la justicia, la Corte Suprema ha determinado que la provincia de Buenos Aires y dos de los policías responsables de los hechos deberán realizar el pago del resarcimiento en un plazo de 30 días, según lo establecido en el fallo.
Este trágico episodio, que dejó una profunda cicatriz no solo en nuestra ciudad, sino que también en la memoria colectiva del país, porque puso de manifiesto la vulnerabilidad de quienes trabajan en el sector bancario, y también porque se cuestionó seriamente el rol y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en situaciones de crisis y emergencia.
La Masacre de Ramallo dejó un saldo de vidas perdidas familias destrozadas, deficiencias y fallas sistémicas en el sistema de seguridad y justicia de Argentina. Este fallo de la Corte Suprema es un recordatorio de la importancia de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para todas las víctimas de la violencia y el crimen, así como de la necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de protección de los derechos humanos en el país, de los verdaderos derechos humanos.
