Las islas tienen quien las defienda

Comunicado de Unidos por la Vida y el Medio Ambiente:

Cautelar judicial que prohíbe la agricultura con agrotóxicos en las Lechiguanas.

Luego de un año para el olvido en términos sociales y ambientales, diciembre augura un nuevo futuro para las islas. El confinamiento social ordenado por el gobierno como medida sanitaria tuvo sin cuidado a quienes se dedicaron en los últimos meses a incendiar, deforestar, terraplenar o sembrar en el delta del Paraná, afectando a miles de personas en sus márgenes y originando un ecocidio de proporciones, del que lamentablemente fuimos testigos de manera directa o pudimos verlo ilustrado en las imágenes de plantas y animales arrasados por el fuego, como también así las propias viviendas de isleños.

Y si la búsqueda de renta extraordinaria mediante la explotación de tierras baratas inundables se realizó de manera incendiaria, no menor aún fue la reacción de las poblaciones litoraleñas, que realizaron todo tipo de manifestaciones para instalar el tema en la agenda pública y consiguieron una articulación histórica con movilizaciones sin precedentes dentro de las luchas ambientales.

Meses atrás UPVA contribuía a la difusión de la cuestión con un video en el que se denunciaba a los responsables de las actividades económicas en la zona de islas frente a Ramallo, con prácticas que son, desgraciadamente, comunes a toda la enorme y diversa ecoregión del delta. En él mostrábamos, con nombre y apellido, exponiendo relaciones empresariales y aportando pruebas audiovisuales (que ya estaban en poder de la justicia) sobre lo que sucedía en las islas Lechiguanas mientras las autoridades miraban para otro lado, o dedicaban al tema a meras palabras de compromiso. El material fílmico fue ampliamente difundido por otras organizaciones y personas, quienes como nosotros, vienen sintiendo la honda tristeza de ver cómo se destruye el ambiente en el que nos criamos, o el que adoptamos como lugar para vivir en este mundo, junto a la impotencia de sentir que nada puede hacerse, sea por la magnitud de los hechos, la distancia física o el desinterés de los organismos del Estado a la hora de tomar cartas en el asunto.

Sin embargo, muchos fueron los que, desde su lugar, se levantaron y exigieron a la sociedad y a los poderes públicos que tomen cartas en el asunto para que esto no siga ocurriendo. Tal movilización social fue fundamental para lograr que el día primero de diciembre, el Juzgado Federal N°2 de Paraná, impusiera una medida cautelar de protección sobre todo el sector de Islas Lechiguanas, incluyendo a toda la jurisdicción del departamento de Gualeguay.

La misma ordena:

“…la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, las actividades que impliquen el riesgo de incendio, aún de carácter accidental; construcción, modificación o mantenimiento de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda, así como el uso dentro de todo el territorio de las Islas de las Lechiguanas de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza para la realización de tareas agrícolas.”

Pero el recurso va aún más allá y dispone además el retiro de

_“…todas y cada una de las maquinarias con capacidad para realizar movimientos de suelo (…) o aplicar agroquímicos y/o herbicidas y/o plaguicidas y/o cualesquier otras sustancias tóxicas”,
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para lo cual les da a los afectados directamente por esta medida, los empresarios Fabio Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, tres días a partir de que les sea comunicada la medida para acatarlas. Asimismo les prohíbe el almacenamiento y la tenencia de “agrotóxicos de cualquier naturaleza” en los territorios afectados por la mencionada cautelar.

También les impide el ingreso de nueva maquinarias y equipos agrícolas o viales a las Islas Lechiguanas, que, de encontrarse en el lugar, luego de vencido el mencionado plazo de tres días, serán objeto de secuestro preventivo.

Esto es un logro histórico por parte de las asociaciones que impulsaron la denuncia contra los empresarios: UPVA (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente), la Asociación Civil Cuenca Rio Paraná y FOMEA (Foro Medio Ambiental); sus representantes legales: Juan Ignacio Spinetto, Melisa Martiñena, Agostina Castillo y Fabián Maggi; y todas aquellas organizaciones y personas que desde su lugar y sus posibilidades aportaron su granito de arena, con asesoramiento, información, evidencias o ni más ni menos que su tiempo, para que este logro fuera posible. Queremos destacar dentro de ellas a la RENAHU (Red Nacionales de Humedales), RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista), El Paraná No se Toca, Foro Ecologista de Paraná, Museo de Ciencias Naturales “P. Antonio Scasso”, Multisectorial Humedales , Autoconvocadxs Humedales y en especial a la Investigadora del CONICET Natalia Morandeira, por el compromiso y dedicación de todos los que en este tiempo levantamos los brazos para frenar los incendios en las islas.

Estamos cada vez más cerca del día en que los humedales se encuentren definitivamente protegidos, para nosotros, para los seres vivos que los habitan y para las generaciones futuras. Es por eso que exigimos una Ley de humedales Ya!!!

Adjuntamos la cautelar en el siguiente Link para que quede a disposición de quien desee interiorizarse de su contenido:

UPVA – Unidos por la Vida y el Medio Ambiente de Ramallo