Según se pudo saber, dentro de los 21 detenidos por la causa que investiga el robo millonario de petróleo a YPF se encontrarían dos empresarios de Ramallo, responsables de la firma DEGAB SA, aunque no trasendió el carácter de la imputación.
En tanto, en el portal de noticias del Ministerio Publico Fiscal, www.fiscales.gob.ar, se brindaron más detalles de la investigación:
La detención de 21 personas en el marco de 39 allanamientos simultáneos llevados a cabo hoy fue el resultado de la orden dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad, Cecilia Incardona, en el marco de una causa que investiga a una organización que robaba petróleo, lo destilaba y refinaba, y luego vendía su producto de forma clandestina tanto en el mercado formal como en el informal. Para esas acciones habrían dañado el medio ambiente de manera ostensible, lo cual también es materia del caso.
De acuerdo con la investigación, cuya instrucción se encuentra a cargo de la fiscalía, los integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la extracción -a través de los oleoductos que pertenecen a la empresa estatal YPF- hasta el transporte y, en algunos casos, su destilación en una planta clandestina que vierte los desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
La fiscalía informó que durante los procedimientos se secuestró una importante cantidad de herramientas utilizadas para la punción de los oleoductos, a través de las cuales los miembros de la organización se apoderaban del petróleo propiedad del Estado Nacional. Además de documentación, también fue secuestrada gran cantidad de dinero, aparatos de telefonía celular, computadoras, camiones utilizados para el transporte del material combustible sustraído y automóviles, entre ellos varios de alta gama.
La causa FLP 55058/2019 tuvo inicio en octubre de 2019 y desde sus comienzos intervino el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo del comisario Rubén Haidar, cuyo equipo realizó las tareas dispuestas por la fiscalía. Se trató de una extensa y compleja investigación, en tanto la actividad criminal se desarrolló en varias provincias al mismo tiempo.
En el marco de los 39 allanamientos simultáneos dispuestos hoy por el juez se llevaron adelante las detenciones de 21 personas y se secuestró la evidencia útil para la causa.
Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano -tanto del sur, como del oeste y del norte- y del resto de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Azul y Villa Ramallo, y en las ciudades de San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río Negro) y Neuquén. Contaron con la participación de varias divisiones de PFA: la Superintendencia de Investigaciones Federales, de Agencias y Regionales Federales, de Bomberos; Superintendencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones; y Superintendencia de Orden Urbano y Federal. También intervino personal técnico de la empresa YPF y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Secretaría de Planificación Estratégica a cargo de Juan Pablo Frinderberg.
Las maniobras
Para adquirir el producto los miembros de la organización contaban con la logística que les permitía efectuar perforaciones en el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales (Bahía Blanca) a la refinería más grande de YPF, ubicada en Ensenada, en el límite con La Plata.
En tanto, la principal planta que utilizaban para el refinamiento del combustible robado está ubicada en Valentín Alsina y es un establecimiento clandestino.
Según informó la fiscalía, la prueba reunida permitió acreditar que en febrero pasado la organización extrajo petróleo ilícitamente mediante punciones al oleoducto en inmediaciones de la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y que para ello se habría alojado en la ciudad de Bahía Blanca.
Las escuchas sobre los imputados lograron determinar que para la maniobra se utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que se realizaba un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna por noche. Para esa fase se utilizaban dos camiones. El tercero volvía a descargar el combustible robado en las plantas de refinamiento investigadas. Las operaciones se llevaban a cabo durante la tarde-noche y finalizaban cerca de las seis de la mañana, lo cual evitaba a los miembros de la organización ser vistos durante el día. Los imputados habían implementado un mecanismo que les permitían transportar el petróleo crudo directamente desde el oleoducto hacia la cisterna de los camiones.
