Cuando un servidor público realiza algún tipo de acción discriminatoria, humillante o prejuiciosa, su acción se califica como violencia institucional.

La violación de los derechos humanos es siempre una cuestión grave, pero resulta especialmente inaceptable si proviene de un miembro de la administración pública. En este sentido, si un miembro de la policía, un funcionario de prisiones o un miembro de las fuerzas armadas tiene una conducta contraria a los derechos humanos, estamos ante un caso de violencia institucional.

Las entidades que combaten esta modalidad de violencia afirman que la mejor forma de prevenir los abusos es conocer los derechos. Otra de las estrategias empleadas para reducir la violencia institucional es la formación permanente de los cuerpos policiales.