El gobierno argentino enfrenta una cuenta regresiva judicial. La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó un pedido para frenar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de un fallo millonario en su contra. Ahora, todo queda en manos de la Cámara de Apelaciones, que podría suspender temporalmente la medida o confirmar el traspaso.
El conflicto se origina en la expropiación de YPF en 2012, por la cual Argentina fue condenada en 2023 a pagar US$16.100 millones (hoy más de US $17.700 millones con intereses). Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos legales del grupo Petersen, exaccionista de la petrolera.
El plazo límite vence este jueves 17 de julio, y si el Estado no entrega las acciones, podría ser declarado en desacato. El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, ya apeló la medida desde Nueva York.
En paralelo, la jueza Preska convocó a una nueva audiencia sobre posibles embargos a empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el BCRA, bajo el argumento de que forman parte del mismo “alter ego” del Estado argentino.