La Dra. Graciela Vizcay Gómez escribe a los medios declarando que esto es “inaudito” que el Ingeniero Adolfo Caamaño siga en sus funciones, calificándolo de “impresentable sujeto” y pidiéndole la renuncia, explicando el motivo de sus declaraciones. Y se ocupó de dejar claro “Repito lo que dije en mi disertación «hay que profesionalizar la gestión del municipio, y ese sujeto dista mucho de estar a la altura de poder decidir nada, y menos permitirle que envenene a la gente, aconsejado por otros envenenadores».
Graciela Vizcay Gómez, fue una de las invitadas a disertar en las audiencias públicas de 2014 que dieron como resultado una nueva reglamentación en Ramallo a cerca de la utilización de agrotóxicos en el ámbito del campo. Entre las prohibiciones se destacaban las fumigaciones aéreas. En la sexta audiencia pública, la Dra. Graciela Vizcay Gómez respondió a quien por ese entonces decía entre otras cosas que se «debía profesionalizar el debate», y dijo “el ingeniero Adolfo Caamaño, quien criticaba las audiencias públicas que hicieron posible una nueva ordenanza. Contradictoriamente es quien controla cómo se llevan en la práctica las fumigaciones. Fue establecido en el puesto por el ex intendente Santalla y confirmado en su puesto por el Gobierno actual”
Fuera de la ley:
“El 3 de marzo este sujeto impresentable –refiriéndose a Adolfo Caamaño- dirigió una nota al Intendente Mauro Poletti, exigiéndole se le autorice a realizar aplicación aérea de forma urgente, en sembradíos aduciendo que es la única forma de atacar las plagas, violando leyes, y ante la falta de regulación municipal, hacer la vista gorda ante la supuesta necesidad que afecta bolsillos de unos pocos nuevos ricos en detrimento del fin común, el de todo los ciudadanos. Espero que el intendente no haya autorizado tal atrevimiento” dijo Graciela Vizcay Gómez.
Y continuó “Este personaje solo ocupa ése lugar para beneficio de unos pocos que lo han sentado allí, para tejer cada movimiento o intento de nuevas ordenanzas que los perjudique. Esa es su única función, por cuanto Poletti debería apartarlo de su cargo. Creo que Poletti es capaz de ver y corregir lo que vemos desde afuera, no escapa a su conocimiento. El caso del Ingeniero agrónomo Caamaño en la Municipalidad es un claro ejemplo de «Conflicto de Intereses», que tipifica claramente en la Ley N˚ 25.188 Ética en el ejercicio de la Función Pública, y que es incompatible con la función pública.”
“Además este caso es de “Competencia Funcional Directa”, quiero decir que, en orden a la prevención de conflictos de intereses, comprende situaciones en las que una persona, en su carácter de funcionario público, tiene control y poder de decisión sobre cuestiones que alcanzan a entidades privadas a las que se encuentra vinculado, y Caamaño es el claro ejemplo de ello. Contemplado en el Decreto Nº 41/1999 Código de Ética de la función Pública. Por todo esto, debería renunciar ya, o el Intendente exigirle su renuncia. Esto es lo que todos los ciudadanos deben hacer cumplir, en todos los municipios del país. Dejar de callar, la ley está para cumplirse y los funcionarios deben dar el ejemplo” concluyo su alegato a los medios la Dra. Graciela Vizcay Gómez.
La solución:
“Ningún ingeniero agrónomo puede cumplir ésa función, ya que sabemos que los ingenieros agrónomos que son los que habitualmente se designan tienen intereses mezclados y posición fijada por los intereses económicos que los llevan a estar en defensa de los agrotóxicos que ellos mismos comercializan o reciben dádivas de las distintas empresas para recomendar a los productores tal o cual marca”.
La Dra. Graciela Vizcay Gomez continuó: “En todo caso debe ser un área donde las decisiones se tomen en conjunto con un médico, un Ingeniero Ambiental o un Licenciado en Higiene y Seguridad y dejar de darles esos puestos a ingenieros agrónomos. Estos no están capacitados para el tema de sinergias, ni sobre intoxicaciones, ni siquiera pueden asegurar la seguridad de los cócteles que recetan. Un regente técnico tiene el mismo estudio que un ingeniero agrónomo, más un curso que la mayoría de los casos los dan las empresas de agrotóxicos. Por lo tanto los municipios están muy equivocados en asignar a una sola persona para tratar temas tan delicados y peligrosos para la salud humana.”
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