La Fiscalía Federal de San Nicolás, María Paula Moretti, solicitó la elevación a juicio de dos imputados, una de ellos miembro de las fuerzas de seguridad, acusados de trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de una pareja que harbía sido dueña del local nocturno y que junto a otros tres integrantes, quienes ya fueron condenados en septiembre de 2014, habrían formado parte de una organización que captaba mujeres en situación de vulnerabilidad, algunas de ellas a través de falsas ofertas laborales, y las trasladaba desde su lugar de origen hasta un prostíbulo llamado “El Rosedal”, ubicado en la localidad bonaerense de Arrecifes.
Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario dictaron las penas para Antonio Irala, Graciela Presta y Lucio Carpio, habían ordenado también profundizar la investigación para establecer la participación de otras dos personas quienes, hasta ese momento, no habían sido identificados. Finalmente, continuó la investigación y finalmente los dos integrantes restantes irán a juicio oral acusados de ser los del boliche “El Rosedal”.
La banda habría captado a las víctimas a través de falsas ofertas laborales y una vez en el local, les habría retenido los documentos, tenido cautivas para finalmente obtener un beneficio económico a través de la explotación sexual. Asimismo, habrían desarrollado un sistema de deudas respecto a las víctimas para reforzar aún más su sometimiento.
Por otra parte, la representante del MPF tomó conocimiento de la existencia de diversas investigaciones llevadas a cabo por la justicia ordinaria de San Nicolás en las que se advierte que los imputados ya eran investigados por hechos similares hace varios años, entre los que se encuentran la facilitación de la prostitución de menores de edad y de adultos.
Los roles de los miembros de la banda
Antonio Irala fue condenado como coautor del delito de trata de personas por haberlo encontrado culpable de haber captado a tres víctimas oriundas de Paraguay, trasladarlas luego a su casa particular ubicada en Lanús, provincia de Buenos Aires y posteriormente hasta la ciudad de Arrecifes. Por su parte, los otros condenados, Lucio Carpio y Graciela Presta, fueron encontrados culpables de haber participado en el acogimiento de las víctimas, de la administración financiera y funcional del boliche y del control de las mujeres.
Finalmente, la pareja por la que la fiscal solicitó la elevación a juicio, están acusados de ser los titulares del prostíbulo y los principales beneficiarios de la explotación económica de las víctimas.
Para la representante del MPF, la situación del imputado “se agrava por su condición de funcionario a la fecha de comisión del hecho. Ello por cuanto el mismo era policía de la provincia de Buenos Aires, lo que permitió el funcionamiento del local, contando para ello con garantía de impunidad”.
Origen de los hechos
La investigación se inició en marzo de 2009, a raíz de que Gendarmería Nacional encontrara a una joven paraguaya intentando cruzar caminando la frontera argentino paraguaya sin documentación. Ante esta situación, la joven indicó que se había escapado de un prostíbulo de la ciudad de Arrecifes donde le habían retenido sus documentos. Añadió que había estado cautiva desde febrero de ese año junto a otras mujeres e identificó los roles de cada uno de los miembros de la banda.
De esta manera, el Juzgado Federal de Posadas dispuso las tareas investigativas que culminaron con el allanamiento en el boliche y en la casa de Antonio Irala, ubicada en la localidad bonaerense de Lanús. En esa oportunidad, en el local nocturno fueron rescatadas ocho mujeres, dos de ellas menores de edad, y de nacionalidad paraguaya, dominicana y argentina.
Según la declaración de las mujeres, muchas de ellas fueron engañadas a través de falsas ofertas laborales por parte de Irala, que también se ocupaba del traslado de muchas de ellas. Una vez que arribaban al lugar, les retenían los documentos y las amenazaban con pagar una multa si se iban. Asimismo, algunas de las víctimas indicaron que fueron víctimas de maltrato por parte de los integrantes de la banda y detallaron que vivían en habitaciones ubicadas en el prostíbulo, con ventanas con rejas y que la puerta estaba cerrada con un candado. Finalmente relataron que debían cambiarse los nombres y que el lugar contaba con cámaras de seguridad en todo el local por medio de las cuales se las controlaba todo lo que pasaba en el local y en las habitaciones donde residían.
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