Las audiencias públicas marcaron una situación clara: todavía Ramallo no sabe qué modelo elegir. Las modificaciones que exigió la provincia puso de manifiesto que aún no está allanado el terreno para avanzar con lo que el Código de Ordenamiento reza en su texto.
El conflicto por la zona del El Tonelero despierta un discurso, encarnado en las ONGs ambientalistas, cerrado en las alternativas. Todo es blanco o negro, o mejor, industria o turismo. Al menos esa es la disyuntiva que plantearon los más férreos detractores del actual Código, aun no promulgado.
Desde la otra perspectiva, se defiende lo que el Código ya establece, discusión saldada en 2013 cuando el Concejo lo voto. Pero aun no convence a todo el arco político.
El oficialismo
Desde el oficialismo sostiene la necesidad de seguir discutiendo el asunto, pero los tiempos apremian. La convocatoria a audiencia pública cumplió con lo establecido en la norma, pero abrió una puerta de discusión que embarullo las decisiones. La fuerte negativa por algunos sectores de la sociedad de no conceder la zona costera para el desarrollo industrial, genero un replanteo a la discusión de fondo.
Elvio Zanazzi, presidente del Concejo Deliberante y edil del FPV, manifestó que “la audiencia no puede ser un trámite para cumplir, es una decisión política. Hay que tomar estas opiniones y cuestiones legales como concejales, analizarlas y avanzar de forma adecuada”.
Por otro lado, el intendente Mauro Poletti sostuvo en las audiencias que esto era “un problema heredado” por la gestión anterior, y que él ya había “votado en contra” cuando fue concejal. Ahora la realidad es otra, aquel concejal que milito la negativa del Código, hoy debe definir como seguir. Obviamente la última palabra la tiene el Concejo Deliberante, pero fue el mismo Poletti quien introdujo nuevos actores a la discusión.
En junio pasado, el intendente Poletti anunciaba con bombos y platillos el acuerdo que realizaba en la Embajada Rusa con el Banco estatal Gazprom Bank por 200 millones de dólares para invertir en el puerto multipropósito a construir. Además de PTP Group, ahora un fondo de inversión complementa esta operación.
Este anuncio abrió la puerta para que desde la Nación y Provincia anunciaran que la empresa Dreyfus se instalaría en Ramallo. Ahora apuran para que Ramallo defina el Código y se materialice estas promesas.
La oposición
La oposición política poco ha ayudado a resolver el asunto. Más comprometida a buscar alguna “ventaja” oportunista, que a definirse en el tema.
Según el concejal de Cambiemos, Silvio Gaeto, sostiene que “hay que respetar lo que se trabajó dentro del código. Lo que se trabajó desde el 2008 hasta la fecha. Hay que legislar en general. Si hacemos las cosas bien en poco tiempo podemos contar con un código de ordenamiento territorial más avanzado que la ordenanza de la dictadura del año 81”.
Gaeto abordó el punto de vista del inversor: “hay que darle seguridad al inversor, puede ocurrir que en el día de mañana no se acerque porque no tiene garantía en sus emprendimientos”, argumentó. Al mismo tiempo sostuvo que “el código, más allá de algunas imperfecciones que puede tener, ha sido una herramienta que ha surgido de la democracia”.
Lo cierto es que hay un costo a pagar, sancionando, o no, el código que nadie está dispuesto a pagar. La falta de planificación de cara al futuro de Ramallo coloca el tema en una encrucijada. La carencia de compromiso en abordar estos tema de manera integral, independientemente de las cuestiones políticas, hacen que Ramallo se pierda la oportunidad de crecer en infraestructura importante para competir con sus vecinos. La instalación de un puerto seduce a cualquier localidad, Ramallo lo tiene proyectado, pero las mezquindades políticas lo impiden.
Los ambientalistas
La postura de los ambientalistas presupone la posición más cómoda: industria si o industria no. No se sale del libreto del “blanco o negro”, e impide la discusión sobre la convivencia de todos los motores productivos en acción.
La dicotomía entre “industrias o turismo” carece de conceptos concretos. No se puede pensar una actividad económica “ideal” que no altere el entorno ambiental, ya sea turismo o industrias. Ramallo es netamente agrícola, las extensiones de campo fértil dominan la escena de nuestro partido. Es una actividad que lesiona gravemente el medio ambiente y la salud de la población. Pero las críticas van hacia la industria.
La industria es el principal empleador de nuestra zona, y es el motor de desarrollo ineludible que históricamente tuvo Ramallo. Cualquier cimbronazo que sucumbe este sector, repercute en el empleo de la localidad.
Durante las audiencias públicas acapararon la palabra y presentaron sus críticas. Pero poco margen de disenso dejó a aquellos que se definían hacia otros fundamentos. La, casi, nula capacidad de escuchar prevaleció ante la monopolización de la palabra. Con un discurso despectivo hacia la “política”, intentaron condicionar a la misma.
Hoy los desafíos a mediano plazo presuponen una amplificación de la actividad agroexportadora, y para insertarse en ese mercado se necesitan puertos. Ramallo tiene en sus papeles desarrollar uno, pero los tiempos se dilatan.
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