El Concejo Deliberante es esencial para la vida democrática de todos los pueblos. Aunque a los poderes ejecutivos, sobre todo en argentina y lo vemos en todos los órdenes, les gustaría funcionar con poderes absolutos y sin una cámara de representantes de las minorías, con la cual acordar los lineamientos y prioridades de gobierno. Pero la realidad es que solo el pleno funcionamiento de los tres poderes independientes, nos separan de estas ambiciones de absolutismos. Y en este caso, es una garantía ciudadana contar con un poder legislativo que sea capaz de pensar por sí mismo, de debatir, de dar respuesta y propuestas de cara a la gente, y tomar decisiones que muchas veces tendrán que ver con la vida real y cotidiana de cada ciudadano, con su salud, su seguridad, su economía, incluso sus garantías y derechos constitucionales.
Ningún poder ejecutivo se puede arrogar la autoridad total, como para vetar de forma sistemática todo lo importante que no provenga de su propio riñón, más aun cuando es en pos del bien general. No existe ni existirá ninguna forma de explicación legal o fundamentación teórica que pueda convencer a un vecino a la hora de oponerse a la implementación de un derecho casi tan esencial como la propia libertad de protesta, como es el caso de la norma aprobada por mayoría (todos menos uno) de la figura del defensor del pueblo. Una autoridad independiente, que viene a sumarse a los derechos civiles para garantizar la resolución de conflictos de los vecinos, es decir, de todos y de cada uno de los individuos que constituimos esta comunidad del Partido de Ramallo, sin importar que intereses tengamos o que simpatía política profesen.
Si bien el veto es un derecho del poder ejecutivo, solo debiera llevarse adelante en casos realmente inaplicables con fundamentos irrefutables desde todo punto de vista, pero no sucedió así en el último veto municipal. Incluso el veto anterior, cuya ordenanza votada por mayoría prohibía a la comisaria de la mujer funcionar junto al Hogar Teresa de Calcuta, podría ser discutible (aunque el sentido común y las explicaciones de los profesionales indiquen que no es apropiado que una comisaria -de adultos, con todo lo que eso acarrea- funcione en las mismas instalaciones donde se dan cuidados especiales a niños y jóvenes con problemas de conducta, droga, desamparo, etc., y más aun con el permiso para alquilar una dependencia independiente). Los fundamentos para estos últimos 2 vetos son pobres, pero para el último en particular, responde a una franca decisión de no tener en cuenta a la gente, de ignorar al vecino en pos de un blindaje de la propia administracion pública, lo que lo convierte casi en un atentado contra los derechos de los vecinos.
No se trata de cuestiones de gobierno, de obras o prioridades, sino de derechos de los que votamos, de los verdaderos dueños de Ramallo, su gente. Todo lo que llamamos autoridades son en realidad servidores públicos pagados por nuestros bolsillos. Algún día, quienes están en el municipio como quienes están en el Concejo Deliberante, dejaran sus puestos y tienen la obligación constitucional y moral, de dejar una normativa superadora para los vecinos a quienes representan, incluyendo todos sus derechos. Los servidores públicos «se deben» a los vecinos, no a su opiniones o formas de ejercer un gobierno.
Esto no exime al Concejo Deliberante de las críticas a las que los hemos sometido una y mil veces, ya que han sido impresentables y vergonzosos en muchas ocasiones. Pero lo cierto es que bajo la presión del vecino, el Concejo Deliberante ha actuado en consecuencia y aunque no nos conformen sus dictámenes, han llevado adelante debates serios que nos involucran a todos, y determinan como será nuestra vida en lo inmediato. No podemos no defender los derechos que nos asisten constitucionalmente. Las ordenanzas que carecen de fundamentos serios para ser vetadas, deben cumplirse. Y para quienes votaron a favor de ordenanzas como la del DEFENSOR DEL PUEBLO, oficialismo incluido, y que luego fueron vetadas, deberían dar el ejemplo ya que si votaron a favor y lo hicieron a conciencia, bien podrían volver a votar la procedencia de la misma sin dejar que esta se evapore, y exigir la implementación posterior. Es una ordenanza en favor del bien público, en favor de todos los vecinos, y debemos cuestionar seriamente a quienes se opongan a dichos derechos civiles con excusas insostenibles.
redaccion NBA / ramalloinforma.com.ar
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