Los 8 ¿representantes del pueblo? que cobran 50 mil pesos cada uno y demandan casi un millón de pesos al mes a los vecinos, conforman la actual oposición y su misión se ha vuelto impedir que 500 puestos de trabajo puedan resolver en forma directa y casi inmediata con la situación del empleo en nuestra zona. Suena a miserable, y lo es, por más que sea presentado con argumentos increíblemente flojos de sustento legal, ético y moral.
¿Dónde vivimos?
Mal que le pese a los ambientalistas, vivimos en una zona privilegiada respecto al desarrollo industrial, pero nuestra posición geografía nos permite una poco común proliferación de empresas de servicio y logística, por estar en el cordón industrial más importante del cono sur. Ramallo tiene vedado, por la falta de inversión y la ineptitud histórica, la posibilidad de explotar lo que para cualquier zona del país, sería una bendición: tenemos casi todas las vías de comunicaciones que nos conectan con el mundo entero, pero en Ramallo seguimos enredados en la más chata estupidez, lo que impide un desarrollo potencialmente altísimo.
Un privilegio único:
Ramallo aún mantiene bloqueada la posibilidad de puertos internacionales que solo podrían estar en nuestras costas. La vía marítima a través de puertos, como el acceso inmediato a las vías de trenes, están tan dormidas como el uso apropiado de la autopista más importante del país. Las 3 vías más importantes en materia de logística, tiene algo en común, todos están en Ramallo y en nuestra región. Pero estos concejales, legítimos representantes del pueblo, han priorizado sus mezquindades políticas por sobre quienes los han puesto en sus bancas, la gente.
Las ONG alineadas al “NO A NINGUN TIPO DE DESARROLLO” es usado oportunistamente por la oposición
Los ambientalistas han convertido en mala palabra cualquier emprendimiento, ya que absolutamente cualquier iniciativa, es potencialmente dañino, y ya no discriminan un acto terrible como verter agua salada en las napas (lo que podría dejarnos sin agua potable en las napas en tan solo una década) del transporte de agroquímicos, no discriminan la actividad portuaria del derrame sistemático de veneno usado en las siembras de granos. Todo da igual. Y el ruido que generan los argumentos de los ambientalistas es usado por la oposición para jugar políticamente y desgatar a Poletti en un año electoral, como así también para frenar el crecimiento y el desarrollo que tanto demandamos en nuestra zona. Esto perjudica su causa, ya que al ser todo “impermitible”, se diluyen las cuestiones que son realmente nocivas y no se las distingue de las actividades que no lo son.
No les fue suficiente ser negligentes:
En septiembre pasado publicamos una nota donde probamos el desinterés de la gestión anterior para regularizar la situación de varias empresas que, ya en ese entonces, esperaban el ok legal para radicarse en Ramallo. La zona industrial definida por el mismo gobierno anterior, que hoy se opone, había definido y aprobado el código de ordenamiento urbano que estableció donde se pueden radicar empresas. Dicha norma, fue votada por el Santallismo (y aliados) hace 5 años y sobresalía la torpeza voluntaria de establecer como zona industrial hasta el predio contiguo a la ciudad de Ramallo, separado solo por una calle: la zona de fábricas del Santallismo alcanzaba hasta la calle que divide Fiplasto de la ciudad de Ramallo, recordemos que le permitiría a Dreifus asentarse prácticamente en el fondo de la casas de los vecinos del barrio norte de Ramallo, mostrando un desinterés por la salud publica pocas veces vista en la historia, acompañado o no de un negociado para permitir semejante escenario, este sí, digno de los reclamos de las ONG serias.
Ya tuvieron su oportunidad y la salud pública no les importó
Tamaña decisión de «meter» una fábrica contaminante dentro de Ramallo, fue votada en patota como mandaba el dueño de la estancia por entonces, donde no era difícil suponer que semejante condición era consecuencias de negociados previos. En ese momento, los argumentos sobraban para la defensa de la industria por parte de los mismos concejales que, disfrazados de “lealtad” al gobierno y al pueblo, eliminaron del código original los pulmones vedes necesarios entre ciudades y fábricas, pero hoy, es la misma fuerza política devenida en oposición parásita, se da vuelta, y se opone al desarrollo ordenado, luego de haber generado una década de desarrollo caótico e ilegal, donde primero se “arreglaba”, luego se instalaban las empresas y alguien, algún día, arreglaría las condiciones código de reordenamiento urbano. Y nada de esto es metáfora, ni exageraciones.
Se oponen a todo el desarrollo, ¿pero por ahora?
Al código de ordenamiento urbano votado hace 5 años, el actual gobierno con interés por la explotación inteligente de los beneficios de nuestra zona, le agrego una zona delimitada para crear un polo de desarrollo en las zonas aledañas a la ruta 9, estableciendo a la vez la restricción de industrias contaminantes en dichos predios. Esta medida que destrabaría inversiones y provocaría la inmediata contratación de empleo en Ramallo, no es políticamente aceptada por la oposición, ya que estar en lo cierto, el gobierno actual beneficiaría a los vecinos con este logro, algo inaceptable para la miserable visión de la oposición.
¿Cómo sería el polo de desarrollo de la Ruta 9?
Poletti se propuso sumar los predios inmediatos a la ruta 9, para el desarrollo de empresas de servicios y logística, a más de 3 km de las zonas urbanas como villa Ramallo, y la oposición argumenta para negarse, la cercanía a Villa Ramallo (zona imaginada por Urquiza como la ideal para futuros countries y barrios cerrados). Pero lo cierto es que la zona se extendería solo a lo largo de la ruta 9, con emprendimientos del tipo metalúrgico (no de fabricación sino de manufactura, corte y distribución metalmecánica), empresas de almacenamiento y distribución, y de servicios, quedando fuera de las opciones, las industrias contaminantes que la oposición si voto para que puedan asentarse a una calle de distancia de la ciudad de Ramallo.
Mientras las ONG no dicen que los terrenos para empresas de servicios no solo no contaminaran, sino que impedirán que el sector rural continúe envenenando la tierra, cosecha tras cosecha.
Los miserables que pueden cambiar la historia
Podría el propio radicalismo, si escuchara a los vecinos que reclaman ordenamiento serio -no el anterior-, imposición de las normas, y desarrollo, crecimiento y empleo en auge, cosa que no puede reconocer un edil cuando como segundo sueldo cobra 50 mil pesos de dieta por mes, y desde diciembre que no trabajan. No dan quórum y se niegan a discutirlo, aun votando en contra de la gente.
Pero hay más, como los personajes del Massismo y el Gen o socialismo, a los que escucharemos prometer desarrollo, en pocos meses más, cuando se larguen sus campañas políticas. El último, el único representante del PRO, convertido en funcional al radicalismo, traicionado al propio gobierno nacional que persigue, aunque sin encontrarlo, el desarrollo del país.
Moviport
Estos representantes, deberán votar hoy, o seguir sin trabajar, el código de ordenamiento urbano, pero la misión de impedir que se haga realidad el plan de crecimiento de Poletti en ruta 9, lo detiene todo, simplemente porque no beneficiará a este grupo de concejales. Los beneficios solo serán para la gente, ningún edil “pondrá el lomo” en estos emprendimientos. Y Moviport, demonizado por la ONG, se convirtió en el blanco casual de todas las críticas opositoras. La legislación que espera ser aprobada es clara, solo es para empresas clase dos (no contaminantes).
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