“La noticia más importante del año en el tema ambiental: En el norte de la provincia de Buenos Aires, la medida cautelar dictada por el Juez Ondarcuhu el día 23 de octubre de 2015 que prohíbe el derrame de la «mancha negra» que desde hace años 70 años contamina nuestro río Paraná”, así lo destacó la ONG Fomea en una publicación.
La ong Fomea denunció a Fiplasto por la “Mancha Negra” y por el vertido de sus efluentes al rio Paraná y logró que la Policía Judicial y Prefectura de la costa inspeccionen la empresa al mismo tiempo que consiguió la Orden Cautelar de no vertido por parte del Juez Ondarcuhu.
En una carta publicada en su página, la ong Fomea expresó que “la medida cautelar dictada por el Juez Ondarcuhu el día 23 de octubre de 2015 que prohíbe el derrame de la «mancha negra» que desde hace unos 70 años contamina nuestro río Paraná” ha tenido una curiosa reacción por parte de la ONG local (UPVA): la defensa de la patronal. Ante el asombro de propios y extraños, en lugar de apoyar y celebrar esta medida de la Justicia, el presidente de la ONG se ha cargado en sus espaldas la defensa de esta empresa pastera haciendo propios los argumentos de los empresarios, quienes no han tenido necesidad de voceros gracias al sorprendente trabajo de esta persona”.
Fomea indicó que la empresa “desde hace unos tres años la empresa decidió construir varios piletones de decantación con el fin de reducir el impacto ambiental. Desde que existen estos piletones un intenso, penetrante e insoportable olor a huevo podrido (sobre todo en verano) invade toda el área. La «mancha negra» continúa exactamente igual, siendo en realidad los resultados de estos tratamientos peores que el problema original, ya que ahora el aire está también contaminado. Según un técnico jubilado en esa empresa, para poder procesar toda la «mancha negra» sería necesaria una superficie 20 (veinte) veces mayor de piletones, lo cual muestra a las claras el lamentable fracaso de este método”.
La ong nicoleña aclaró que “La Ley Laboral Argentina indica que las empresas sólo pueden suspender a los empleados por causas no imputables a la misma, por eso en esta situación de «parada» forzosa de la producción por causa atribuible a negligencia de la patronal, la empresa debe seguir abonando los salarios de modo que el costo laboral de este problema lo deben costear los empresarios y no los obreros, dado que la decisión de trabajar en estas condiciones de burla sistemática de los principios más elementales de convivencia fue responsabilidad exclusiva de éstos”.
“La comunidad de Ramallo ha esperado una respuesta durante décadas a este tema: ya es tiempo de dar por finalizado el vertido de desechos al rio sin más excusas ni demoras, sin utilizar a los obreros como moneda de extorsión para burlar la justicia y sin recurrir a «voceros» informales que evidentemente no han entendido ni han sabido ponerse a la altura de las circunstancias”, finalizo la publicación realizada por Fomea.
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