El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, obtuvo un fallo judicial favorable tras iniciar una acción de amparo contra la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A., por el deteriorado estado del puente ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 9 y la Ruta 51. La sentencia, emitida el pasado 17 de julio por el Juzgado Federal de San Nicolás, marca un precedente en la región al exigir que se reparen con urgencia los tramos afectados.
Poletti interpuso la medida en mayo de este año, en representación de los vecinos del distrito, reclamando la urgente intervención del Estado Nacional en un tramo clave para la circulación y seguridad vial. Luego de ser notificados, los organismos demandados presentaron su defensa, pero el juez resolvió hacer lugar al pedido del jefe comunal y ordenó iniciar las obras en un plazo máximo de diez días. Además, las tareas deberán completarse en un lapso de tres meses, con informes mensuales obligatorios sobre el avance.
La resolución cobra especial relevancia en un momento en que el Gobierno Nacional ha anunciado su intención de desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad, mediante un decreto que impulsa la privatización de rutas nacionales. Sin embargo, el fallo del juzgado nicoleño desestima esa intención y obliga a que el tramo deteriorado dentro del partido de Ramallo sea reparado de forma definitiva por los organismos estatales responsables.
El fallo también aclara que el mantenimiento y la reparación de la Ruta 9 y sus accesos son responsabilidad exclusiva del Estado Nacional, contradiciendo así versiones difundidas por una legisladora provincial alineada con el oficialismo nacional, quien había puesto en duda la legitimidad del reclamo del intendente.
Este dictamen no solo respalda la postura del Municipio de Ramallo, sino que sienta un precedente jurídico clave para otros distritos de la provincia que enfrentan situaciones similares.