El debate por la legalización del aborto nace de la organización que viene hace años de la mano de las mujeres. Siempre pidiendo una educación sexual integral para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar, y aborto legal para no morir.
No es una discusión moral, nadie está a favor de la práctica del aborto, ninguna mujer se va a exponer a una práctica tan invasiva, pero cuando la educación, la prevención, el contexto social falla, y la mujer decide no ser madre, se debe tener una contención del estado y no caer en la clandestinidad.
La realidad es que los abortos existe, por eso la discusión no debe cerrarse a un “si o no”, es “aborto legal o aborto clandestino”. El aborto existe, y se determina a las condiciones en que pueda practicarse. Es una cuestión de acceso, quienes puedan pagar un aborto clandestino lo harán de modo seguro, pero quienes no terminan muriendo. Discutamos la contención del estado, discutamos la salud pública, discutamos un nuevo paradigma.
Este cambio de paradigma es entender que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Es hora de que se empiece a comprender que las mujeres no son un cuerpo utilitario, destinando solamente a reproducir pibes, sino que las mujeres puedan decidir sobre su propio proyecto de vida y sobre cuando quieren ser madres o no.
Desde 1921 el aborto es legal para ciertos casos en la Argentina y en 2012 la Corte Suprema despejó las dudas sobre los alcances del artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, es un derecho que se vulnera de forma sistemática a partir de los prejuicios sobre la autonomía de las mujeres, lo que repercute en el derecho a la salud de las personas con capacidad de gestar.
En los últimos años, en el país del Ni Una Menos, los derechos sexuales y reproductivos están siendo motivo de mayor debate público porque su vulneración implica las violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, a estar libre de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la igualdad de las mujeres, lesbianas, niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país. Todos estos son derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y otros que tienen rango superior a las leyes.
Lo que debe votar el Congreso de la Nación argentina es si mantiene vigente un sistema de causales que es restrictivo en la práctica o si amplía el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación. La penalización del aborto no modificó la voluntad de las mujeres que no desean continuar con una gestación, quienes tampoco renunciaron a tomar la decisión de manera autónoma a pesar de que el Estado las siga considerando objeto de tutela: la persecución penal sólo las empujó a la clandestinidad. Lo que las y los representantes deben considerar es si la práctica se hará en condiciones de seguridad, igualdad y dignidad, o si la mantendrán en la clandestinidad. Legalizar el aborto es una cuestión de justicia social.
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