En defensa de los derechos de los adultos mayores

Por la Concejal Silvia Di Bacco.

La macroeconomía es esencial para entender la microeconomía, es decir, lo que le sucede día a día al pueblo argentino. El plan de negocios que implementó Cambiemos (Pro-Radicales) es extractivo y expulsivo. No apunta a la producción sino a la bicicleta financiera, apertura de importaciones, devaluación y endeudamiento.

Como si esto no fuera suficiente acuerda con el FMI, cuyos créditos incluyen condicionalidades como recortes en el gasto público, ajuste monetario, desregulación financiera, apertura comercial, flexibilización laboral y reformas de los sistemas de seguridad social. Esto repercute en la economía de las provincias (que se endeudan al mismo ritmo que el gobierno nacional) y de los municipios a los cuales se les traspasan responsabilidades que constitucionalmente le corresponde a las provincias, además de restarles recursos.

Ramallo no es una excepción. Esta situación de desindustrialización y cierre de pymes, no deja exento a científicos y técnicos que han sido despedidos por cierre de proyectos. Las universidades y la educación de todos los niveles y ramas se ven afectadas por despidos producto de la desinversión.

Lo explicitado se traduce en protestas sociales que reclaman por sus legítimos derechos sociales, económicas y culturales, además de los políticos e individuales. Por las políticas de hambre implementadas por el gobierno de Cambiemos, donde se avasallan derechos, observamos que aumentaron los comedores comunitarios, la pobreza alcanza a casi la mitad de los niños del país y más gente duerme en la calle, producto de los despidos.

En este contexto, se anunció la habilitación de las fuerzas armadas a participar de la acción interna, temiendo los Organismos de Derechos Humanos que detrás de este proyecto exista la intención de controlar la protesta social. Asimismo hay preocupación por la liquidación de las reservas técnicas de Seguridad Social Argentina como por la posible intervención por parte del FMI en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la venta de acciones y títulos públicos que integran su patrimonio.

El FGS es la garantía del pago de los 6.925.519 jubilados y pensionados de todo el país, incluido Ramallo. Y 497.353 por beneficio no contributivo que esta integrado, entre otros, por ex presos políticos, ex combatientes de Malvinas, PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor), madre de 7 o más hijos, etc.

Por ello es de vital importancia alertar y defender los derechos de todos estos beneficiarios, estas personas. Pero, lamentablemente este Proyecto de Resolución que defiende los derechos de los ADULTOS MAYORES por requerimiento de la edil de 1País fue enviado a dos comisiones demorando su tratamiento. Es una declaración para que este reclamo llegue a las Autoridades Nacionales y a ANSES Ramallo.

La argumentación de la edil fue hacer historia de las leyes, ese no era el núcleo ni la esencia del proyecto, y leer lo que ya había argumentado la miembro informante de UC-FpV. Esperemos, por nuestros adultos mayores, que este proyecto se apruebe. Asimismo deseamos que el gobierno nacional recapacite y otorgue, aunque no sea la solución, a todos los jubilados, que por su magro sueldo se hallan en la indigencia, el bono de fin de año, hoy negado.