El Ministerio de Justicia bonaerense recomendará a la Justicia que una gran cantidad de detenidos reciba ese beneficio debido a la sobrepoblación que se registra en los penales.
Altas fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires a cargo de Gustavo Ferrari confirmaron el comienzo de una medida tan radical como aparentemente polémica: 1.421 presos de los penales bonaerenses podrían irse a sus casas por recomendación del Ministerio a la Justicia con el beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera electrónica. El motivo de la decisión en los cálculos de Ferrari es simple: ya no hay lugar en las cárceles. Los penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que dependen de la cartera de Justicia enfrentan el mayor pico de sobrepoblación de su historia.
Las cárceles provinciales tienen, colectivamente, lugar para albergar a 28 mil detenidos. Actualmente, según cifras del SPB mismo, hay 41.267 personas privadas de su libertad, un número actualizado, con dependencias como la Unidad Nº49 de Junín excedida en un 135% (hay 958 presos donde debería haber poco más de 400). En todo este universo de presos hay 23 mujeres embarazadas, tres de ellas que conviven con hijos y 73 niños que se crían junto a sus madres detenidas, además de 82 personas trans.
La idea no es nueva, al menos no en el país. En marzo de este año, el Servicio Penitenciario Federal, también superpoblado, compiló una lista de posibles detenidos a los que se les recomendaría judicialmente la prisión domiciliaria o la libertad condicional, con 96 condenados por crímenes de lesa humanidad como Jorge “El Tigre” Acosta, en promedio mayores de 70 años de edad con categorías como detenidas embarazadas o alojadas con hijos, presos discapacitados.
La medida del SPF generó cierta polémica. ¿María Eugenia Vidal entiende el costo político aparente de recomendar liberar presos? Una voz de peso en el sistema de cárceles provincial asegura: “La gobernadora está de acuerdo, siempre que sea justificado.”
Existe un criterio para recomendar el arresto domiciliario de los 1.421 presos. “Se trata de mujeres con hijos, embarazadas, personas con enfermedades”, asegura un funcionario. También, de gran cantidad de detenidos por delitos menores como amenazas, encubrimiento, resistencia a la autoridad. Casi un tercio del total de los presos provinciales están detenidos por robo agravado por el uso de arma. Las chances de que se les recomiende la libertad son casi nulas.
La sobrepoblación se traduce en cuestiones obvias. Para empezar, el SPB tiene un déficit de al menos 2.000 colchones ignífugos para que duerman detenidos. Organizaciones LGBT como OTRANS y organismos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la Defensoría de Casación de Mario Coriolano denuncian desde hace años graves condiciones de encierro en lo que no dudan en llamar una crisis humanitaria. Durante los últimos meses, el Juzgado Correccional Nº2 de La Plata a cargo del doctor Eduardo Eskenazi recolectó una decena de habeas corpus presentados por detenidos a lo largo de la provincia y celebró una serie de audiencias además de enviar personal a inspeccionar cárceles.
Esta semana, el Juzgado Nº2 tomó una decisión determinante: la creación de un Comité de Crisis para lograr metas a corto y mediano plazo para descomprimir la sobrepoblación penitenciaria en la provincia.
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