Las investigaciones en torno a los policías corruptos por integrar dos bandas delictivas, una relacionada con el tráfico de drogas y la otra implicada en delitos contra la propiedad y la Administración pública, continúan avanzando con intensidad. En este nuevo capítulo, se espera que la apertura de los teléfonos móviles de los acusados pueda conducir a la identificación de nuevos implicados y detenciones adicionales.
En la primera causa, que se encuentra bajo la supervisión de la fiscal Verónica Marcantonio, se investiga a un grupo de agentes de la Policía Bonaerense acusados de apropiarse de droga incautada en operativos para su posterior venta en la noche de San Nicolás. Se ha vinculado a estos policías con la banda narco «Las diablas», liderada por las hermanas Leguizamón. Tres oficiales, Nicolás Leyes, Angel Rajoy y Jonatan Reche, se mantienen bajo arresto después de haber enfrentado audiencias de indagatoria.
La segunda causa, bajo la supervisión de la UFI N° 14, implica a cinco policías y tres civiles acusados de formar una asociación ilícita que perpetró delitos contra la propiedad y la Administración pública. Aunque la investigación involucra a varias personas, aún no se han realizado nuevas detenciones. Los agentes Lucas Rubén Artioli, Matías Godoy, Claudio Báez, Juan Reynoso y Walter Espinoza, junto con los civiles apellidados Gómez, Ponce y Albornoz, enfrentan cargos que incluyen hurto, robo agravado, privación ilegal de la libertad y abuso de fondos CORES (Compensación por Recargo de Servicio).
La obtención de pruebas es esencial en ambos casos, y los teléfonos celulares incautados jugarán un papel clave en la investigación. Aunque estos dispositivos son pequeños, almacenan una gran cantidad de información que podría esclarecer la participación de los acusados en delitos pasados. Las pericias en curso son llevadas a cabo por el fiscal Patricio Múgica Díaz, quien habría identificado a la banda como una combinación de agentes de la Policía Bonaerense y civiles, bajo la dirección de Lucas Artioli, exjefe de calle en Ramallo.
Por otro lado, la defensa de algunos de los acusados ha pedido que se distingan las imputaciones, argumentando que las acusaciones por asociación ilícita no deberían aplicarse de manera genérica. En este sentido, el abogado Agustín Tanús, representante de dos acusados, enfatizó que sus defendidos no están relacionados con robos o delitos violentos, sino que su implicación se limita a actividades de custodia privada y manejo de horas adicionales.
La investigación sigue su curso, y se espera que se revele más información sobre el alcance de la corrupción policial y la participación de otros agentes en esta trama oscura.
Fuente: Diario el Norte San Nicolás.
