De la Aventura a la Infracción: Los Cazadores de Patos que Enfrentan Sanciones por la Masacre de Especies Protegidas en Santa Fe

Lo que comenzó como una excursión de caza deportiva en la provincia de Santa Fe, terminó en un escándalo legal y mediático que podría costarles caro a un grupo de turistas estadounidenses y a su guía local. Este episodio, que tuvo lugar en la localidad de San Javier, involucra la caza ilegal de patos, un hecho que rápidamente generó indignación y una respuesta contundente por parte del Gobierno provincial.

El grupo de cazadores, que exhibió con orgullo las aves abatidas en imágenes que circularon por las redes sociales y los medios de comunicación, se encontró en el centro de una investigación iniciada por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe. Las autoridades provinciales, a través de la Dirección de Manejo de Fauna, han presentado pruebas a la Policía de Investigaciones (PDI) para que se determine la legalidad de las acciones del grupo y se apliquen las sanciones correspondientes.

Aunque la caza deportiva es una actividad permitida en Santa Fe, está sujeta a estrictas regulaciones en cuanto a las especies, cantidades y espacios en los que se puede practicar. Según la normativa vigente, la temporada de caza de patos está regulada por la resolución 129/2024, que forma parte de la Ley Provincial Nº 4.830. Esta ley permite la caza de solo tres especies de patos: sirirí, sirirí pampa y crestón, con un límite máximo de seis patos por especie y por cazador, sin superar los 12 ejemplares en total.

Las autoridades han señalado que, con base en las imágenes, al menos una de las especies cazadas no estaba autorizada, lo que constituye una violación clara de la normativa. Además, se está investigando si la cantidad de aves cazadas excedió el límite permitido, lo que sumaría una infracción adicional al grupo de turistas y al guía que los acompañó.

La gravedad del caso ha llevado a la intervención de la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, que ha solicitado a la Justicia sanciones ejemplares para los responsables. Las posibles sanciones incluyen multas económicas significativas y la revocación de autorizaciones tanto para los cazadores extranjeros como para los promotores locales que facilitaron la actividad.





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