Cambiemos lo quiere hacer a través de un proyecto de ordenanza, en el que ordena al Departamento Ejecutivo Municipal adherir a la Ley de Pacto Fiscal impulsada por los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
Casi en simultáneo con la decisión de su Gobernadora, María Eugenia Vidal, de disponer unilateralmente y por decreto un incremento del 19% a los docentes de la provincia (en un contexto inflacionario que se estima superior al 40%), el bloque de concejales de Cambiemos Ramallo, presentó un proyecto de ordenanza solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la adhesión a la Ley de Pacto Fiscal (Ley N. 14.984).
La adhesión, profundamente resistida por el Intendente Municipal, implicaría trasladar a la administración municipal el brutal ajuste que vienen sufriendo los empleados públicos nacionales y provinciales. El mayor de los impactos estaría en los salarios de los municipales, ya que en su artículo 5º, la ley plantea que “la tasa de incremento del gasto primario de cada municipio no podrá superar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”; en criollo: el incremento de sueldos (principal gasto primario del Municipio) no podrán superar la inflación publicada por el INDEC.
Asimismo, se verían en serio riesgo los pases a planta de los empleados municipales y las futuras contrataciones de personal, puesto que la norma también establece un tope, que ya estaría excedido de antemano.
Pero la cuestión no se limita únicamente a la plantilla de trabajadores municipales; gran parte de los llamados “gastos primarios” que se verían seriamente limitados, también son las compras que el Municipio realiza, en gran medida, a proveedores locales. Con lo cual también se vería resentida la actividad económica local; dado que la Municipalidad es uno de los principales compradores del distrito.
Caída de salarios, recesión, despidos, precarización laboral, conceptos que Cambiemos busca traer a la Administración Municipal para su propio beneficio en lo que tiene olor a inicio de campaña 2019. Cambiemos quiere administrar las finanzas del municipio desde el Concejo Deliberante, la adhesión a esta Ley implica perder la autonomía municipal, condicionar la gestión actual y va en detrimento del salario del trabajador municipal.
Si Ramallo estaría dentro de los parámetros de la Ley, no hubiera cerrado una paritaria por encima del 15% (fue de casi 21% el aumento), y mucho menos rediscutir la paritaria en los últimos meses del año.
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