Diputados aprobó la Ley de Ficha Limpia, un proyecto que impide a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción postularse a cargos públicos. Con 144 votos a favor, la iniciativa fue girada al Senado, donde el kirchnerismo, que cuenta con la primera minoría, intentará bloquearla o dilatar su tratamiento.
La ley busca garantizar que quienes ocupen cargos de poder sean personas íntegras, sin antecedentes de fraudes o malversación de fondos públicos.
La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, sectores de la UCR y otras bancadas provinciales, mientras que el kirchnerismo y la izquierda se opusieron. La normativa alcanza delitos como cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Su objetivo es cerrar el paso a funcionarios que hayan perjudicado al Estado mediante actos de corrupción, fortaleciendo así la transparencia institucional.
El debate sobre la ley refleja una creciente demanda social por mayor honestidad en la política. La ciudadanía exige que los representantes sean personas sin antecedentes penales relacionados con la administración pública, garantizando que el poder no sea utilizado en beneficio propio.
La Ficha Limpia ya rige en algunas provincias y municipios, y su aprobación a nivel nacional significaría un avance clave en la lucha contra la corrupción.
Ahora, la definición queda en manos del Senado, donde el oficialismo intentará frenar el avance de la ley. Mientras tanto, sectores de la oposición y diversas organizaciones civiles presionan para que la norma se apruebe sin dilaciones. La sanción definitiva de la Ficha Limpia representaría un paso fundamental para la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la política argentina.
