La empresa química Atanor, que se encuentra imposibilitada de operar desde el 20 de marzo debido a una medida cautelar dictada por la jueza Luciana Díaz Bancalari, planea abrir un registro para retiros voluntarios.
Esta decisión se produce tras la suspensión de las actividades en la planta ubicada en San Nicolás, luego de un accidente que provocó la intervención judicial.La cautelar fue solicitada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná, que presentó la demanda con el objetivo de proteger la salud pública y el medioambiente. Desde entonces, Atanor ha realizado varias presentaciones, respaldadas por peritajes que aseguran la inocuidad de sus operaciones, buscando que se levante la prohibición de funcionar.
En medio de la espera por una resolución judicial favorable, la compañía suspendió a la totalidad de los 150 trabajadores de la planta, quienes han estado recibiendo el 75% de sus salarios desde el 14 de mayo. Esta medida se adoptó con la esperanza de que la situación se resuelva antes del 11 de agosto, cuando finaliza el periodo de suspensiones.
A pesar de los esfuerzos de la empresa por reanudar sus operaciones, que incluyen la presentación de informes de organismos ambientales de la provincia de Buenos Aires y la solicitud de habilitación de sectores no afectados por el accidente, la jueza aún no ha emitido una decisión. Ante la falta de avances, Atanor ha decidido iniciar un plan de retiros voluntarios para los trabajadores, un paso que marca un momento crítico en la incertidumbre que rodea a la empresa y su personal.
