Se trata del juzgado de Paz de la ciudad bonaerense de San Pedro, que libró una medida cautelar de restricción para que el obispo Santiago, y el párroco de la iglesia San Roque, Sebastián Zagari, “cesen con los actos de perturbación y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psicológica/emocional” sobre una de las denunciantes de Tulio Matiussi, el sacerdote acusado por cinco casos de abuso infantil en 2017.
“Resuelvo ordenar a los señores Santiago, Hugo Norberto y Sebastián Zagari (…) cesen con los actos de perturbación y/o cualquier otro ejercicio que genere violencia psicológica/emocional contra la C.N.V. -madre de una de las niñas que asistía al jardín- conforme la conducta inmoderada de los denunciados; bajo apercibimiento de decretar medidas de restricción, coactivas o sanciones a su respecto”, dice la resolución del juez José Ignacio Macchia a la que tuvo acceso Télam.
El fallo estipula también que “se prohíbe enviar mensajes de texto o llamadas telefónicas al celular de la víctima (vía SMS, WhatsApp, Messenger, etc.), a los correos electrónicos o a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) que puedan configurar actos de hostigamiento, amenazas u otros hechos de violencia psicológica” encuadradas en la ley de protección integral contra la violencia de género.
En la fundamentación de la medida de tutela cautelar, el magistrado sostiene que “conforme las circunstancias denunciadas corresponde encuadrar como violencia psicológica contra C.N.V, en vía pública el actuar denunciado y atribuido a Santiago, Hugo Norberto y Sebastián Zagari”.
Si bien el Obispado de San Nicolás mantiene suspendido en el ejercicio sacerdotal a Mattiusi, las familias de los niños que denunciaron abusos aseguran que el prelado viene realizando desde hace cuatro años acciones de encubrimiento, de presión judicial y ataque a las víctimas para favorecer a Mattiussi.
En el caso de Zagari, el párroco fue quien había realizado primero una denuncia por hostigamiento contra C.N.V, a la que ella respondió con una contradenuncia que fue finalmente admitida, según fuentes del caso.
A principios de junio de 2020, el fiscal que investigó los supuestos abusos sexuales cometidos por el sacerdote Tulio Matiussi y otras dos personas a niños que asistían al Jardín Belén de la localidad bonaerense de San Pedro hizo el requerimiento de juicio oral, para el que se aguarda se fije fecha en los próximos días.
La requisitoria del titular de la UFIJ 8 de Baradero, Hernán Granda, es por el delito de “abuso sexual simple agravado por la calidad de sus autores” presuntamente cometido por Matiussi (46) y otras dos personas acusadas de haber agredido sexualmente a cinco niños de entre tres y cuatro años –cuatro nenas y un nene- en el Jardín Belén, donde el cura se desempeñaba como representante legal.
El portero Anselmo Ojeda (58) y la preceptora María Luján Rubíes (51) están imputados de igual delito.
En el pedido de elevación a juicio al que tuvo acceso Télam, el fiscal Granda plantea que está acreditado con el nivel de certeza requerido para esta etapa procesal que “durante el curso lectivo 2017”, los imputados sometieron a los niños a “tocamientos” de sus zonas genitales en horario de clases, delito que los imputados cometían tanto de manera “colectiva” como “individual”, con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
En su escrito, Granda señaló que los hechos ocurrieron “en la sala y en la zona de baños y en las partes comunes como ser cocina, patio y SUM, y en la iglesia San Roque contigua al jardín, donde el señor Mattiussi oficiaba como sacerdote”.
“Producto de estas prácticas por parte de los imputados se verificaron signos de abuso sexual infantil en todos los menores”, afirmó el fiscal. Télam
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