Axel Kicillof apeló al concepto de lawfare o guerra judicial para desestimar los procesamientos que pesan sobre dos exfuncionarios de Cristina Kirchner y nombrarlos en su gabinete. Lo hizo por escrito, a través de dos decretos, pese a que no estaba obligado: la ley provincial que impide nombrar en el Estado a procesados y condenados no rige para los funcionarios políticos.
Se trata de su ministro de Salud, Daniel Gollán, quien se encuentra procesado y fue enviado a juicio oral por las irregularidades en el Plan Qunita, acusado de fraude en perjuicio de la administración pública; y del nuevo titular de ARBA, la agencia de recaudación bonaerense, Cristian Girard, procesado en la causa del dólar futuro.
En los decretos que se publicaron ayer en el Boletín Oficial, el titular del Poder Ejecutivo provincial justificó los nombramientos al interpretar que, en ambos casos, sus nuevos funcionarios fueron injustamente perseguidos por el Poder Judicial. Y apeló al concepto de lawfare para desestimar esos antecedentes.
En los fundamentos de los decretos se señala que tanto Girard como Gollán han «declarado bajo juramento» que se encuentran procesados «bajo una injusta persecución penal». Acto seguido, se deja constancia sobre por qué no deben ser tomados en cuenta esos procesamientos como un impedimento para acceder a la función pública.
«Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de lawfare, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa», dicen los decretos 6 y 14, donde se designa a Girard y Gollán, respectivamente.
«Una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública», agregan los considerandos, para concluir que tanto Girard como Gollán «reúnen en plenitud los requisitos establecidos».
No existía restricción
En la provincia de Buenos Aires, la ley 10.430 regula al personal de la administración pública. En su artículo 3, la norma establece que no podrá ingresar al Estado quien tenga un «proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso de naturaleza infame, salvo rehabilitación, y el que haya sido condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad».
Pero esa misma ley, según aclara en su primer artículo, no se aplica a ministros, secretarios ni funcionarios políticos «amparados por regímenes especiales», como son los casos de Gollán y Girard.
De hecho, como la inocencia se presume hasta la existencia de una condena firme, aun si la norma abarcara a los funcionarios políticos sería de cumplimiento cuestionable en los tribunales, señaló a la nacion una fuente con conocimiento de los vericuetos legales y políticos bonaerenses.
En otras palabras, ni era necesario expresar el lawfare para sortear un impedimento ni Kicillof corría riesgo alguno por nombrar a un funcionario procesado. «Señalar al lawfare en un decreto fue una manifestación política. Quisieron dejarlo por escrito», agregó la fuente.
Cuando se conocieron los decretos, la polémica se trasladó a las redes sociales. «Según el decreto 6/19, el gobernador Kicillof es quien decide cuándo un proceso judicial es válido o no. Ni siquiera importa si es federal o provincial. El orden legal es lo que él dice que es. Esta vez argumenta con el relato del lawfare.Mañana podrá ser cualquier otro», sostuvo en Twitter el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi.
«¿Qué les pasa? No leen ni saben un carajo. La facultad de designar ministros es del gobernador, es discrecional y no hay óbice legal para nombrar un procesado», respondió el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, uno de los más activos ayer para defender las designaciones.
Fuente: La Nación
