El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, se suma a la arremetida contra los consorcios portuarios de la provincia. «Hay situaciones irregulares que estamos investigando. Eventualmente qué medidas tomamos. No descartamos nada», dijo sobre la posibilidad de una nueva ley de Puertos.
Costa tuvo ayer un breve contacto con la prensa luego de presentar a su gabinete en la Casa de Gobierno. Aseguró que la situación es «dramática» en la mayor parte de los puertos de la provincia y cargó contra la administración anterior. «No hubo un plan provincial de puertos y tampoco objetivos claros».
Destaca las situaciones de los consorcios de San Nicolás y Bahía Blanca donde asegura que detectaron «problemas serios».
Costa -uno de los hombres de confianza de Axel Kicillof- explicó que el gobierno está analizando la situación y que luego se tomarán «las medidas que correspondan».
Asegura que la provincia tendrá un plan que incluirá a los puertos como «resortes fundamentales del desarrollo productivo» y consideró que hoy «está todo librado a lo que cada uno de los consorcios realiza».
La polémica la abrió a principios de enero la ministra de Gobierno, Teresa García, cuando -tras la discusión por el paquete impositivo- admitió que era necesario discutir una ley de Puertos, una iniciativa que, de materializarse, apunta directamente contra los consorcios, los entes públicos no estatales que administran los puertos.
La polémica generó preocupación en el sector portuario, en los intendentes que administran distritos vinculados a los puertos y también en los legisladores de esos puntos de la provincia, que custodian que el sistema de consorcios permanezca inalterable.
El sistema de consorcios es controversial. Si bien esa figura existe desde que los puertos pasaron de la órbita nacional a provincial, durante la administración de María Eugenia Vidal se ponderó al máximo ese mecanismo de gestión a todas las terminales públicas.
En la mesa del consorcio se sienta el sector privado, los sindicatos y los municipios, aunque en los hechos prevalece la fuerza de las empresas. La provincia designa un director del consorcio que en términos reales tiene escaso poder sobre lo que sucede. Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con los controles. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre dentro de los puertos.
Tienen total independencia de la provincia en términos jurídicos, financieros, contables y administrativos. Mientras que el Tribunal de Cuentas hace un tardío seguimiento de los números.
Con más de 1500 kilómetros de costa, la provincia cuenta con 12 puertos público y más de 200 que se utilizan con fines recreativos. Desde el Puerto de San Nicolás, sobre el Paraná, hasta Carmen de Patagones, sobre el río Negro, la eficiencia del sistema portuario bonaerense es vital para el sector productivo.
