La Justicia Federal ordenó la aplicación inmediata en todo el país de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de este año. La norma, Ley 27.793, había sido promulgada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 681/2025, pero su ejecución se encontraba suspendida. El Poder Ejecutivo argumentaba que el Congreso no había especificado el origen de los fondos para su implementación, en un conflicto que giró en torno a la división de poderes y la sostenibilidad fiscal.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, puso fin a esta controversia con un fallo de alto impacto social. La sentencia declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, el cual había suspendido la ejecución de la ley. La decisión judicial ordena levantar la pausa dispuesta por el Ejecutivo.
Esta sentencia tiene efectos expansivos sobre el colectivo de personas con discapacidad, sus familias y prestadores, quienes habían visto restringidos sus derechos.
El reclamo, impulsado inicialmente por dos padres en representación de sus hijos menores titulares del Certificado Único de Discapacidad, y al que rápidamente se adhirieron numerosas asociaciones civiles, buscaba garantizar la continuidad de tratamientos y la protección de derechos fundamentales como la salud y la inclusión social.
Fuente: Infobae