La Comisión Provincial por la Memoria expresa su preocupación y profundo rechazo ante las expresiones publicadas en las redes sociales por el director de la Guardia Urbana del partido de Ramallo, el Sr. Eduardo Luna.
En la misma se reivindica el aparato represivo del estado puesto en marcha durante la última dictadura cívico militar, a través de la exaltación de dos símbolos siniestros: un Falcon Verde y un avión militar.
Arriba de una foto de ambos elementos reza una frase que dice: «Esta es la solución. Con un año alcanza» y debajo de ellas otra que califica: «La dupla perfecta».
Sin ambages, lo que se promueve es la desaparición forzada como modus operandi, que implicó secuestros ilegales de personas, su tortura sin límites en los centros clandestinos de detención y su eliminación mediante los vuelos de la muerte.
Es inadmisible que una persona que reivindica estos crímenes contra la humanidad, esté cumpliendo funciones en un gobierno constituido democráticamente. Nuestra actual democracia asienta su fortaleza sobre los pilares de Verdad, Justicia y Memoria.
Sus dichos son una afrenta a las leyes vigentes y en igual medida a las víctimas del terrorismo de estado que aún buscan reparación y justicia. Generan además –y sin dudas- la revictimización de estas personas que han sobrellevado toda su vida, las secuelas de las atrocidades que este funcionario sostiene.
Preocupa además que Luna sea una de las personas que dirige las políticas de seguridad en el municipio y conduce la Guardia Urbana. Nombrar o mantener en tal función a quienes detentan un pensamiento autoritario extremo y no son afectos al cuidado de la sensibilidad de las víctimas y de la sociedad toda, no contribuye a consolidar el estado de derecho.
Por el contrario, para garantizar el Nunca Más se requieren funcionarios de firmes convicciones democráticas y apegadas a los valores de los derechos humanos como paradigma. La democratización de las fuerzas de seguridad son una deuda aún pendiente que emerge como imperativo actual. Es por ello que, como contrapartida, se requiere de políticas firmes que busquen erradicar las prácticas que, en su extrema expresión, reivindica el mencionado director.
La CPM envió una nota al Intendente de Ramallo para trasmitirle la imperiosa necesidad de rectificar lo ocurrido en tanto se trata de un funcionario designado por su gestión. En el mismo sentido se enviaron notas al presidente del Concejo Deliberante de Ramallo y a cada uno de los bloques.
En la nota se solicita también que se dé cumplimiento a la Ordenanza N° 5423/16 del Concejo Deliberante que en el año 2016 creó el Consejo Municipal para el Control de la Violencia Institucional, como política destinada justamente a luchar contra esas violaciones de derechos humanos que socavan la democracia.