A menos de una semana de que expire la vigencia de Precios Máximos -que regula el valor de más de 2.000 productos, en su mayoría productos alimenticios-, las principales cámaras del sector enviaron cartas a Matías Kulfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, para reclamar el final de ese programa oficial.
“Necesitamos con urgencia la terminación de los Precios Máximos y una convocatoria a las empresas del sector para arribar a los acuerdos necesarios que garanticen un ordenamiento de precios y costos”, reclaman -por caso- los empresarios agrupados en la cámara fideera (UIFRA).
En el caso de los empresarios del aceite, la misiva incorpora datos para demostrar que los fabricantes están trabajando “a pérdida”.
La ofensiva empresaria incluye a gran parte de las cámaras de la alimentación, compañías que a su vez están nucleadas en la Copal. Antes del fin de semana, y a poco de que finalice la vigencia de Precios Máximos, los ejecutivos tomaron la decisión de jugar fuerte. Hubo cartas, además, de las empresas harineras.
En las cartas enviadas a los despachos oficiales se reclama el fin de las regulaciones, aunque puertas adentro, los ejecutivos mencionan con todas las letras que si Comercio Interior decide seguir adelante con el plan y otorgar incrementos por debajo a lo que reclaman los industriales habrá desabastecimiento de productos.
En la cámara que nuclea a las fábricas de fideos se hace una directa mención a la posibilidad de despidos, en caso de que no haya acuerdo con el Gobierno. “Nos colocan en una situación de fragilidad, donde se pone en juego el normal abastecimiento y las fuentes de trabajo”, rubrica Juan Manuel Airoldes, referente de esa cámara.
En general, los industriales reclaman que los costos para fabricar subieron durante los últimos meses muy por encima de lo que el Gobierno les permitió aumentar.
Los aceiteros expusieron que “el aceite crudo de girasol, ha aumentado desde el 6 de marzo a la fecha un 80,6%, pasando de un precio fas de $38.200/tn a $69.000/tn actualmente”.
“Nuestra suba de costos del 65% desde el 6 de marzo, (quedó) muy distante del aumento otorgado del 4% en julio y del 5% en octubre”, explicaron los aceiteros.
Con incrementos de costos, los empresarios plantean la imposibilidad de mantener los precios máximos en la canasta básica
En efecto, el Gobierno puso en marcha el programa de Precios Máximos en la primera semana de marzo, cuando explotó la pandemia. Se congelaron los precios de unos 2.300 alimentos, y se habilitaron dos aumentos de aproximadamente 10% acumulado desde entonces.
Fuentes de distintas cámaras empresarias explicaron que el atraso trepa a entre 20% y 25%, según los distintos rubros.
Hay casos particulares con desfases todavía mayores. Sucede con el arroz -que se encareció a nivel mayorista el 84,6% en los últimos meses ante la caída de la producción en Brasil y al hecho de que desde allí se incrementaron las importaciones para abastecer al poderoso mercado interno-; con el trigo -que también se encareció alrededor de 44,3%- y la yerba, cuyo precio mayorista aumentó 46,7% desde el congelamiento de marzo.
Con estos registros sobre la mesa, los industriales le están pidiendo a Kulfas que habilite aumentos y que dé por terminado el programa de Precios Máximos.
Una calificada fuente del sector empresario mencionó que los ejecutivos estarían de acuerdo con que se apliquen aumentos parciales, aunque no cubran del todo el alza de los costos, siempre y cuando el Gobierno les prometa el final del programa para fin de año.
“Nosotros aceptamos este congelamiento cuando apareció la pandemia. Pero así como el Gobierno ya adelantó que a partir de enero vuelven los ajustes en las tarifas de los servicios públicos, nosotros también necesitamos que se terminen los congelamientos”, argumenta una de las fuentes consultadas.
“Al límite de la capacidad operativa”
El reclamo empresario llega en un momento clave, en medio de la corrida cambiaria que le pone presión al tipo de cambio.
El Gobierno viene rechazando la posibilidad de un salto en el valor del dólar -en el mercado oficial- con el claro objetivo de evitar un traspaso de esa eventual devaluación a los precios. “Devaluar es muy fácil, pero es una máquina de generar pobreza”, dijo ayer lunes el Presidente.
En simultáneo recibe la presión pública de los fabricantes de alimentos para que se aparte de la estrategia oficial de cuidado de los precios y que habilite aumentos, bajo advertencia de dejar desabastecido el mercado o, incluso, sin trabajo a los empleados de esas fábricas.
Desde los supermercados ya advirtieron que están recibiendo menos mercadería (cuotificación) o demoras en las entregas en los productos de la canasta básica.
Lo mismo mencionaron desde los autoservicios de origen chino. “Hay faltantes de ciertos productos, las agroalimentarias no están entregando aceites, harinas, arroz y azúcar, entre otros”, indicó Yolanda Durán, titular de Cedeapsa, la cámara que nuclea a esos supermercados barriales.
La situación con los alimentos resulta crucial. Justo en momentos en que desde distintos rubros dan cuenta de que la ampliación de la brecha cambiaria presiona sobre los precios -sobre todo de los productos con componentes importados- pero que indudablemente inauguró una ronda especulativa alrededor de lo que vaya a pasar con el valor del dólar.
Los principales fabricantes de fideos argumentaron en su carta a Kulfas y a Paula Español (secretaria de Comercio) que “sluego de 8 meses de estricto congelamiento de precios y suba sostenida de nuestros costos, nos encontramos al límite de nuestra capacidad operativa. Han sido meses muy duros para nosotros también, estamos agotados y preocupados por este contexto económico, con costos en alza permanente y pocas ventas”.
La semana pasada, Comercio realizó fiscalizaciones en los supermercados: se labraron 6.300 actas y se clausuraron preventivamente unos 530 comercios por incumplimientos en precios y abastecimiento en todo el país. Se impusieron multas por $47 millones, de acuerdo a la información oficial.