El texto indica que se utilizó la estructura partidaria para cometer múltiples delitos, con el objetivo de justificar el ingreso de fondos -cuyo origen se desconoce – al proceso electoral. Hasta el momento se pudieron acreditar, inicialmente, la utilización de al menos dos mecanismos de financiamiento ilegal: el primero -de 2015- a partir de la incorporación como aportantes de los integrantes de las listas de la Alianza Cambiemos, asignándoles, sin su conocimiento, montos estandarizados por cargo. El segundo -de 2017- falsificando aportes de ciudadanos que figuraban en bases de datos de programas sociales que resultaron ser personas de extrema vulnerabilidad socio-económica.
La presidenta del bloque de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana-FpV-PJ no descartó la posibilidad de que se hayan cometido otros delitos que puedan surgir del avance de la investigación, sobre todo en función del reciente antecedente donde se condenó a Miguel del Sel por no poder justificar los aportes de su campaña a la gobernación de la provincia de Santa Fé en 2011.
Finalmente, se solicitaron una serie de medidas de prueba a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades de María Eugenia Vidal, María Fernanda Inza y demás involucrados.
