La fugaz medida de “Retenciones Cero” dispuesta por el Gobierno, que duró solo 72 horas para alcanzar una liquidación de U$S 7.000 millones, sigue generando una profunda polémica y enojo en el sector agropecuario. Las entidades de la Mesa de Enlace han vuelto a manifestar su malestar, argumentando que el beneficio de la exención transitoria fue capitalizado por los agroexportadores y no logró derramar sus efectos positivos sobre el productor primario.
Este sentimiento de frustración fue sintetizado por Coninagro, que si bien celebró la intención de revisar el tributo, afirmó que la medida dejó una “sensación amarga” en el productor, señalando que fue una “ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos”.
Mientras el campo insiste en sus reclamos, la discusión sobre los derechos de exportación se amplifica, llegando tanto a funcionarios como al ámbito político. El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, defendió la operación, sugiriendo que ahora los productores tienen la posibilidad de “defender el precio de sus granos” dado que los exportadores deberán cubrir las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) emitidas.
En paralelo, el debate se ha colado en la contienda electoral, impulsando a legisladores a presentar proyectos de ley y pedidos de informes en el Congreso, buscando aprovechar la renovada centralidad de la problemática.
El sector primario exige que la eliminación de las retenciones se transforme en una política de Estado permanente que ofrezca previsibilidad. Coninagro destacó que la rápida liquidación de los U$S 7.000 millones en tres días es una clara muestra del “enorme potencial del campo argentino” cuando se le permite “liberar sus energías”.
Por ello, la confederación invitó a profundizar políticas que contemplen y fortalezcan al productor agropecuario, insistiendo en que la base de la cadena es donde se multiplica el desarrollo genuino que beneficia a todos los argentinos.