Las declaraciones de Alberto Fernández, en su primer discurso como presidente electo, abrieron un nuevo debate sobre la libertad que tienen los periodistas y comunicadores amateurs a la hora de hacer su trabajo.
El nuevo mandatario de la Argentina señaló como responsables a muchos periodistas de tener la opinión comprada en base a pauta publicitaria estatal y decidió que en adelante no se le asignen recursos a periodistas específicos sino a instituciones periodísticas. Una decisión que de haberse aplicado en los últimos 8 años de gobierno, hubiera provocado que cientos de trabajadores de prensa y operadores, de los que también habló el abogado, como los participantes del ciclo 678 o Luis Majul y Jorge Lanata (en el imaginario popular) no hubieran existido.
A nivel regional pasa algo parecido pero diferente. En ciertos rincones de la provincia de Buenos Aires impera la lógica de tener medios al margen de la ley: radios ilegales o con papeles inexistentes o vencidos, medios online sin ningún tipo de control y el uso de las redes sociales para difundir medias verdades. Por desidia o por conveniencia, muchos de los responsables de estos medios de comunicación no buscan en la publicidad privada la lógica e indispensable (para la tarea) independencia económica, de tal forma de que no sea la pauta local el único ingreso a sus arcas. Ingreso, por otro lado, que ha llegado a ser en los últimos dos años de tarifazos, la máscara de oxígeno que los mantuvo vivos. Y sólo por mencionar un caso conocido, le pasó a uno de los principales defensores televisivos de la gestión K: cuando perdió Daniel Scioli y el giro al Macrismo era un hecho, se hizo inviable sostener la empresa del Grupo mediático de un empresario amigo de los “Pingüinos” y muchos terminaron en la calle.
Desde que se corrió el velo de los intereses económicos de la actividad periodística, la ciudadanía comenzó a ver a la prensa ya no como una verdad absoluta, lo cual es algo muy sano, sino como algo sospechable. Si existe esa palabra. De tal forma que las interpretaciones le ganaron a la credibilidad y los hechos noticiosos terminaron siendo para el lector o espectador una mirada muy subjetiva.
Los medios entonces, terminaron siendo actores claramente político-partidarios, porque siempre cumplen una función política y ciudadana: criticar la realidad y echar luz sobre la oscuridad y la corrupción.
Así, se han etiquetado a todos los medios. Y nosotros hemos sido víctimas de ese proceso. Un fenómeno del que los políticos, a quienes se los debe cuestionar desde el periodismo, le han sacado un gran rédito: todo lo que se esclareciese no es del todo verdad. Con lo cual, los medios son sospechados y las actividades objetables, no son tan graves.
La pauta oficial (sea municipal, provincial o nacional) tiene o debería tener como objetivo comunicar sobre las medidas, programas e información de interés público que surja de la gestión del gobierno nacional. Así mismo, campañas de emergencia que sólo podrán ser motivadas por la presencia de una catástrofe natural, amenazas a la salud pública, seguridad o ambiente, y alteraciones al orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos en alguna zona del país. Pero se usa para torcer voluntades en el sufragio seleccionando los contenidos que se difunden. Y hasta mintiendo u ocultando información a la Sociedad.
Es necesario avanzar hacia medios de comunicación que no dependan del Estado, de tal manera que los dueños de éstos no se asusten cuando suena el teléfono para criticar una nota o amenacen directa o indirectamente con quitarle la pauta. Y esto ha sucedido en Ramallo, en la Provincia y en todo el país en los últimos tiempos. Pero los responsables son también quienes no abordan esas “sugerencias editoriales” con la valentía que esto requiere: negándose a retocar siquiera una coma.
También es necesario que los periodistas opinen libremente y que los que manejan ese presupuesto no coqueteen con otorgarle o no ese dinero según lo que digan o escriban. Hubo casos muy cercanos de profesionales a los que se los ha extorsionado para cambiar de medio o de mirada. El problema es que se acepten estas condiciones y no se denuncie.
Esperemos que este nuevo comienzo del vínculo prensa-poder sea también el inicio de una nueva etapa: sin etiquetas, sin presiones, extorsiones ni llamados; sin cobardes ni genuflexos. También con un público profundicen la confianza en los medios, ya que son quienes en parte custodian la democracia, para contarles lo que pasa. Consumirlos es defender una actividad crítica, necesaria y vital para que nadie se sienta capaz de dominar la opinión pública: ni los periodistas ni los poderosos.
Por Matías Rosa.
