El expresidente Alberto Fernández, denunciado por violencia de género

Por GABY




El expresidente argentino Alberto Fernández ha sido denunciado este martes por violencia de género ante la Justicia. Su expareja y madre de su segundo hijo, Fabiola Yáñez, lo acusa de haberla golpeado y amenazado. Yañez hizo la presentación judicial por teléfono, desde Madrid, ante el mismo juez que investiga a Fernández en una causa por presunta corrupción.

El juez Julián Ercolini actuó con rapidez tras recibir la denuncia. Ordenó medidas de restricción inmediatas a favor de Yañez para evitar la posible repetición de los hechos denunciados, por lo que el expresidente tiene prohibido acercarse a ella.

Yáñez había desestimado denunciar a su expareja en el primer contacto que mantuvo con el juez Ercolini, el pasado junio. Cambió de opinión en las últimas horas y llamó personalmente al juzgado desde la capital española, donde vive con su hijo Francisco, de dos años. Fernández se mudó de vuelta a Buenos Aires hace unos meses, tras poner fin a una relación que duró ocho años.

Chats telefónicos

La denuncia ha ampliado el nuevo escándalo mediático en el que está envuelto el expresidente por la filtración de chats telefónicos de su secretaria privada, María Cantero. La Justicia busca en ellos pruebas para saber si Fernández violó sus deberes de funcionario público en la contratación de seguros estatales realizados bajo su gestión (2019-2023). Pero este fin de semana, se supo que en medio de miles de mensajes, los investigadores habían hallado otros inesperados, en los que la entonces primera dama le confesaba a Canteros presuntos episodios de maltrato, incluso cuando estaba embarazada. El relato incluía fotos, según reveló.

La Justicia estudia los pasos a seguir tras la presentación de Yáñez. Lo más probable es que motive la apertura de una causa penal contra Fernández independiente de la investigación en curso contra él por presunta corrupción. En esta última, el expresidente es sospechoso de haber facilitado supuestas contrataciones irregulares a costa del Estado a intermediarios de seguros.





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