El Gobierno Nacional presentó un plan de «modernización» para el INTA, que incluye reducción de personal, venta de inmuebles y disminución de las áreas de investigación. En San Pedro, el campo experimental ubicado en la Ruta 9, km 170, podría quedar limitado a 14 hectáreas, mientras que las 101 hectáreas restantes estarían disponibles para su comercialización. Según el Ejecutivo, la medida busca corregir desvíos de gestión y optimizar recursos, tras acusar que el organismo había perdido su enfoque en la productividad agrícola.
Desde el Gobierno, justificaron el recorte argumentando que más del 90% del presupuesto del INTA, estimado en 250 millones de dólares anuales, se destina al pago de salarios, señalando un aumento significativo de personal durante los gobiernos de Cristina Fernández. Sin embargo, la medida genera preocupación entre los productores y especialistas, quienes destacan el aporte histórico del INTA a la innovación en variedades agrícolas y su rol como pilar en el desarrollo del sector rural, especialmente en localidades como San Pedro.
El ajuste amenaza con alterar profundamente el vínculo entre el organismo y los productores locales. Si bien se especula con una mayor participación del sector privado para suplir los recursos faltantes, persiste la incertidumbre sobre cómo se reemplazará el conocimiento técnico acumulado y el trabajo colaborativo con emprendedores rurales. La posible pérdida de parte del campo experimental pone en riesgo décadas de investigaciones que han impulsado avances clave en el agro argentino.
