El sector de la discapacidad ha emitido una fuerte crítica contra el Gobierno por el reciente aumento de las prestaciones, calificándolo de insuficiente e incumplidor de la ley.”
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dictaminó una suba para las prestaciones que oscila entre el 29 y el 35 por ciento, que se aplicará de forma escalonada en tres tramos entre octubre y diciembre de 2025.
Sin embargo, esta medida es rechazada por el Foro Permanente, que nuclea a organizaciones de todo el país. El reclamo se centra en que la Ley de Emergencia votada por el Congreso establecía un piso de incremento del 70 por ciento, tras un año sin variaciones en los aranceles.
Espacios locales que el aumento que se aplica después de un año es ‘deficiente’ y que ‘se sigue incumpliendo con la ley que establece un incremento de –al menos– el doble’.
La preocupación no solo radica en el porcentaje, sino también en las demoras de cobro. Los prestadores estiman que, con suerte, los pagos con el incremento comenzarán a recibirse recién a fines del primer trimestre del año 2026.
Esta situación mantiene a los prestadores en un estado de alerta. El nomenclador nacional fija los valores de referencia para servicios esenciales como transporte especializado, rehabilitación, internaciones y acompañamiento.
El aumento, dispuesto por decisión administrativa del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, busca ‘garantizar previsibilidad’, pero el sector insiste en que quedan pendientes medidas de fondo para salir de la crisis.
El llamado es claro: se exige que los aranceles se actualicen de manera justa y legal para asegurar la calidad de la atención a las personas con discapacidad.