Días atrás se realizó una nueva cumbre donde ministros, directores, representantes de organismos internacionales y expertos de más de 20 delegaciones de Latinoamérica y el Caribe se reunieron para analizar la situación a nivel regional.
El evento, que se realizó en Bogotá, se tituló “Un compromiso para la acción sobre los aprendizajes básicos y su recuperación” y partió de una estadística que se midió internacionalmente tras la pandemia: cuatro de cada cinco estudiantes de sexto de primaria en Latinoamérica y el Caribe no pueden leer un texto sencillo. Según estudios, después de dos años de cierre de escuelas en la región (algunos durante períodos más largos y otros más pequeños), los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de 10 años.
Así, tal como consignan las noticias publicadas tras el congreso, “los programas de recuperación temporales y a pequeña escala no solucionarán la crisis de aprendizaje. Y las soluciones a largo plazo y a gran escala requerirán la inversión en educación más ambiciosa de la historia de la región”. De esta manera, se afirmó que “no se trata solo de incrementar los recursos y las inversiones, sino de también garantizar un uso eficiente de los recursos ya disponible”.
¿Qué rol tienen entonces los organismos internacionales en este desafiante contexto? En este sentido, estas instituciones desarrollan políticas donde se priorizan y establecen condiciones bajo las cuales se conceden préstamos y cooperaciones técnicas con el fin de facilitar “el acceso universal a la educación, y fortalecer la planificación, la organización, la administración y los métodos de enseñanza, así como apoyar las reformas de los sistema nacionales de educación”.
Ahora bien, no sólo es la calidad de la educación lo que está en juego, también lo es la baja retención de los alumnos, la necesidad de modificar currículas para atraerlos, capacitarlos y prepararlos para el mercado laboral que lejos está de los egresados.
Se destacó también la importancia de trabajar en cómo se puede acercar la escuela a los alumnos y la utilización de la tecnología, la que tiene un rol mas que destacado en el contexto actual. Las dificultades para lograr el acceso y la conexión universal también es un factor relevante.
En 10 años, el atraso de la media de los jóvenes latinoamericano respecto a su preparación para el mundo laboral moderno, será similar al que hoy tienen países africanos con casi nula posibilidad de inserción en el actual entorno del trabajo.
La crisis que sufren los sistemas educativos hace décadas sea tomada en cuenta es un gran avance, pero claramente requiere de algo más que estar presente en foros de discusión de nuevas medidas. Lo específico y urgente es la concientización de los profesionales y la ejecución de cambios inmediatos por parte de autoridades y educadores. En Argentina, y sobre todo en Provincia de Buenos Aires, no solo no hay interés en este sentido, sino que se observa una involución, desde los contenidos exigibles, la calidad de la enseñanza, y hasta los métodos de evaluación. Los números arrojan que los distintos actores no ponen de manifiesto las mejores políticas educativas en favor de los chicos y el futuro.
En los países sumidos en turbulencias política, sociales y/o economías (como Argentina), el problema es peor, tanto el interés como el involucramiento de los padres en el reclamo de mejoras en políticas educativas, ni siquiera está entre las 10 preocupaciones más importantes de cada familia, lo que augura que no habrá un cambio de direccion, la crisis educativa se profundizará y el futuro laboral altamente cambiante y cada vez más exigente, será inaccesible para los egresados, y el principal problema a la hora de desarrollarnos y buscar un crecimiento, en los próximos 5 a 20 años.
