En una sesión marcada por la tensión política y la movilización social, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo y respaldada por diversos bloques opositores, busca garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad hasta diciembre de 2027 .
El proyecto establece medidas como:
Aumento de pensiones no contributivas: Equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatibles con empleos formales cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos .Actualización mensual de aranceles: Para prestadores de servicios como hogares, escuelas y centros de día, conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 .Regularización de deudas fiscales y sociales: Para prestadores del sector, incluyendo condonación de intereses y multas .Fortalecimiento institucional: Mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y auditorías para resolver problemas en la gestión de prestaciones .Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado de la ley oscila entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI), dependiendo de la demanda y la implementación de las medidas .
Desde el oficialismo, se criticó la iniciativa por considerarla “regresiva y asistencialista”, y el presidente Javier Milei adelantó que vetará la ley si es sancionada en el Senado, argumentando que cualquier aumento del gasto estatal amenaza el equilibrio fiscal .
La aprobación de la ley coincidió con una masiva movilización frente al Congreso, donde personas con discapacidad, familiares y organizaciones sociales reclamaron por sus derechos y denunciaron el abandono estatal en áreas sensibles como salud, educación y transporte .
El proyecto ahora será tratado en el Senado, donde se anticipa un debate intenso y nuevas movilizaciones en apoyo a la iniciativa.
