El Inadi, organismo que fue creado para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo en Argentina, fue oficialmente disuelto por el gobierno de Javier Milei a través del Decreto 696/2024. La decisión se enmarca dentro de un plan más amplio de achicamiento del Estado, impulsado por la actual administración. A partir de ahora, las responsabilidades que antes tenía el Inadi serán gestionadas por el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
El cierre del organismo fue justificado por el gobierno debido a lo que calificaron como ineficiencia y descontrol en su funcionamiento, citando diversas irregularidades en la contratación de personal, gestión de recursos y retrasos en la resolución de denuncias. Según el decreto, el Inadi, que llegó a tener 431 empleados distribuidos en 44 sedes, acumulaba más de 7.000 trámites sin resolver desde 2016.
Además, el Ejecutivo destacó que el Inadi no había logrado cumplir con algunos de sus objetivos fundamentales, como la elaboración de un Plan Nacional contra la Discriminación, a pesar de haber recibido un presupuesto creciente a lo largo de los años. Frente a esta situación, el gobierno decidió disolver el organismo, argumentando que la lucha contra la discriminación puede llevarse a cabo sin la necesidad de un ente descentralizado.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encargará ahora de las políticas nacionales en esta materia, utilizando los recursos que antes pertenecían al Inadi. La medida ha sido presentada por el gobierno como un símbolo de su compromiso con la reducción del gasto público y la transparencia en la administración de los recursos del Estado.